El régimen por más que lo intente no podrá lavarse la cara ante la CPI

  • Durante el foro “Traslado arbitrario de presos políticos a cárceles de delitos comunes“, las diputadas Adriana Pichardo y Delsa Solórzano, el defensor de DD.HH., Harold Guerrero y el también legislador Rafael Veloz, coincidieron en que Maduro y sus funcionarios están en difícil situación ante la acentuada posibilidad de que la fiscal de la CPI anuncie muy pronto la fase de investigación que los involucra por haber sido señalados de cometer delitos de lesa humanidad. 

Por ALFREDO CONDE 

La justicia internacional tarda pero llega. Esta frase se ha dicho en infinidad de ocasiones cuando se habla del caso de Venezuela y las acciones que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI), que en muy pocos días anunciará si entra en fase de investigación a Nicolás Maduro Moros y los funcionarios de su régimen por haber sido señalados de cometer delitos de lesa humanidad. 

De ese tema se disertó en el foro “Traslado arbitrario de presos políticos a cárceles de delitos comunes“, organizado por el Frente Amplio Profesional y la Confederación de Profesionales Universitarios (Confepuv), que contó con las intervenciones de las diputadas a la Asamblea Nacional electa en 2015, Adriana Pichardo y Delsa Solórzano, el defensor de DD.HH., doctor Harold Guerrero y el también parlamentario Rafael Veloz, todos bajo la conducción en rol de moderadora de la doctora en derecho Luisana Trías.

 

A la jurista Luisana Trías, coordinadora del equipo de Justicia de VP-Gremios, le correspondió conducir el foro.

 

 

Coincidieron los foristas en que no existe la posibilidad de que con un traslado se borre la huella de todo lo que han hecho en contra de los presos políticos y la manera sistemática en que han sido violados sus derechos humanos y consideran una aberración entregar la custodia de ellos a manos de pandillas criminales lideradas por pranes, quienes controlan las cárceles venezolanas.

 

ADRIANA PICHARDO: VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DD.HH.

 

Adriana Pichardo: “quieren colocarlos como presos comunes para quitarles la calificación de “presos políticos” que les pesa tanto ante la comunidad internacional”.

 

 

La diputada Adriana Pichardo, presidenta del Observatorio de DD.HH. de la AN, en relación a la última medida del régimen que involucra a los presos políticos, como apareció en la Gaceta Oficial N°4.610, en la que Nicolás Maduro transfiere la custodia de los presos politicos que se encuentran en sedes como el Sebin y la Dgcim al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, señaló que se trata de una violación gravísima de los derechos humanos. “Hoy en día el Observatorio de los Derechos Humanos ha contabilizado 363 presos políticos, de los cuales el 80% se encuentra precisamente en custodia de organismos policiales y de inteligencia tales como el Dgcim, el Sebin, el Faes y la Policía Nacional Bolivariana a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo para comenzar.

“Entonces lo que se pretende es incrementar el riesgo de sus vidas al enviarlos a sitios en condiciones críticas, en total hacinamiento, donde no hay alimentos, tampoco agua potable, donde mucho menos tienen ningún tipo de servicio de salud, de atención médica. En el estado Lara fallecieron dos jóvenes presos políticos por tuberculosis, enfermedad adquirida en recintos penitenciarios y que nunca les fue tratada, lo cual los llevó a la muerte. Frente a ello hay que decir, en primer lugar, que representa un peligro para la integridad física de los presos políticos, quienes están en centros donde han sido torturados, aislados, llevados a cárceles comunes a convivir con presos que cometieron delitos e infringieron la ley, todo lo contrario a su condición legal, ya que los presos políticos no cometieron delitos sino que alzaron la voz contra un régimen dictatorial que quebranta la ley y oprime a los ciudadanos”, puntualizó Adriana Pichardo.

“Las ONG de derechos humanos y otros integrantes de la sociedad civil han venido documentado toda la situación, existen cientos de expedientes en cada uno de los organismos internacionales y por supuesto una investigación andando en el Corte Penal Internacional (CPI) que no podrá ser borrada con un traslado a una cárcel de presos comunes”, apunto y destacó: “Es importante que se tenga claro que hay una doble cara de la moneda, por un lado la intencionalidad política de lavarse la cara que tiene el régimen, colocando a los presos políticos como presos comunes para quitarles la calificación “presos políticos” que les pesa tanto ante la comunidad internacional y, por otro, la violación gravísima de derechos humanos al poner en riesgo la vida, la integridad física en una cárcel común ya que las experiencias anteriores no los han dejado claro”, expresó Adriana Pichardo.

 

DELSA SOLÓRZANO: CPI VA A ACTUAR Y CON PRONTITUD

 

La diputada Delsa Solórzano recordó que el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, admitió que el concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo fueron asesinados por funcionarios del régimen.

 

La legisladora Delsa Solórzano, abogada y presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la legítima AN, dijo para comenzar que la decisión absoluta y arbitraria del régimen de Nicolás Maduro de trasladar a los prisioneros políticos a cárceles comunes habla de las víctimas a los cuales nosotros atendemos desde la Comisión Especial de Justicia y Paz de manera permanente”. 

“Venimos denunciando con mucho tiempo de anticipación que habían decidido trasladar a quienes tienen privada su libertad del Dgcim y otros centros de reclusión a cárceles comunes, particularmente al Rodeo II y Yare. Ya habíamos hecho la denuncia cuando en efecto vimos la publicación de la Gaceta Oficial N° 42.125, Decreto 4.610, de fecha 12 de mayo de 2021, la cual es totalmente inconstitucional, por tener una falla en su origen de nulidad absoluta, la cual ordena el desalojo de las instalaciones del Sebin y Dgcim como prisiones y el traslado a cárceles que dependen del ministerio del régimen”, indicó la parlamentaria.

“Hemos visto una infeliz respuesta de personeros del régimen que solo obedecen a cambios de dependencia del Sebin y del Dgcim, que ya no van estar sujetos al vicepresidente, siendo esto una excusa para justificar tal barbarie. ¿A qué se debe este hecho que está afectando a nuestros prisioneros políticos? Se debe a las estrategias de la dictadura para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional, algo sobre lo que nosotros hemos venido pronunciando desde el mismo instante en que vimos a Tarek Williams Saab, abogado de la dictadura, confesar la culpabilidad de funcionarios del Estado en los asesinatos de Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y el joven estudiante Juan Pablo Pernalete”, precisó. 

“Le aclaramos al país que se debe a un cambio en el discurso del régimen y que tengan conocimiento de que hubo violaciones de derechos humanos y que lo único que se pretende es disminuir el grado de responsabilidad penal y de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por funcionarios específicos (…) Hago referencia a esto en particular porque está por concretarse una decisión o sentencia por la CPI”, destacó Delsa Solórzano. 

“Las consecuencias que ese traslado trae para nuestros prisioneros políticos son graves, pues las cárceles venezolanas son las más peligrosas del mundo. En estas dos décadas de régimen chavista han ocurrido más de 7.000 asesinatos en las cárceles comunes”, argumentó.

Solórzano denunció igualmente que los calabozos de órganos policiales son utilizados como cárceles comunes, lo que es absolutamente inconstitucional, lo cual es una manera del régimen de eludir las cifras oficiales como lo hace con la hiperinflación, el salario mínimo, etc. “El régimen oculta las cifras verdaderas en complicidad con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. En este régimen el control de dichas cárceles han sido cedidas a líderes negativos denominados “pranes”, que son altos jerarcas de bandas criminales que viven dentro de dichas cárceles. Por lo tanto, no es cierto que se esté mejorando la situación de los presos políticos, no es cierto que se vaya por un buen camino en este caso, la única manera que pudiera decirse que se va en buen camino es con la liberación de los presos políticos”, sentenció la legisladora. 

 

HAROLD GUERRERO: CÁRCELES EN MANOS DE UN “PRANATO”

El doctor Harold Guerrero destacó que las cárceles venezolanas no garantizan la vida, salud e integridad física de ningún preso o privado de libertad.

 

“A los privados de libertad, víctimas del régimen, se les cercenan sus derechos humanos en temas tan relevantes como la salud, la vida y su alimentación, entre otros. Es de vital importancia determinar que un preso político es cualquier persona física o natural a la que el régimen priva de su libertad arbitrariamente sin garantías y debido proceso como reza la constitución, sin haber incurrido en ningún delito tipificado en el ordenamiento jurídico penal, sino que por sus ideas supongan un desafío o amenaza al sistema político establecido en la naturaleza que sea”, expuso para comenzar el doctor Guerrero. 

“El traslado de los presos políticos a cárceles comunes es algo muy cuestionado, por la situación real de las cárceles de Venezuela que son de alta peligrosidad y que se encuentran bajo la conducción de un “pranato”, bandas de criminales que tienen el control de los penales y cobran a los presos por su seguridad. En dichas cárceles existe una súper población, lo cual genera hacinamiento, hay deficiencia en servicios básicos lo que no garantiza la vida, salud e integridad física de ningún preso o privado de libertad. Es propicio mencionar que en muchos centros de reclusión hay un alto porcentaje de enfermedades riesgosas, contagiosas y mortales, como son la tuberculosis y la COVID-19, de lo cual no se informa. La alimentación es precaria, los alimentos que los familiares de los presos les llevan para su consumo no llega a ellos, porque muchos funcionarios se los quedan para su disfrute particular”, denunció el jurista.

 

No es cierto que se esté mejorando la situación de los presos políticos, no es cierto que se vaya por un buen camino en este caso, la única manera que pudiera decirse que se va en buen camino es con la liberación de los presos políticos”.

 

LEONARDO UGARTE: UN CASO DE DENEGACIÓN DE JUSTICIA

Leonardo Ugarte, coordinador de la Región Oriente de Petroleros sin Fronteras y dirigente sindical de PetroCedeño en la Zona Oriente, relató su experiencia personal y la de todos los que luchan y reclaman sus derechos laborales. “Por tal razón, los dirigentes sindicales han sido objeto de prisión, persecución laboral, tortura, todo esto producto de que el régimen introdujo la delincuencia organizada en las nóminas de la empresa o industria petrolera, para amedrentar y perseguir a todos los trabajadores que no compartan sus tendencias políticas”, indicó y agregó: Con anterioridad fuimos detenidos varias veces, presentados ante la fiscal por los cuerpos policiales después de varias manifestaciones, por defender y reclamar los derechos de los trabajadores. Ese ha sido mi único delito”.

Ugarte narró que en febrero de 2019 después de participar en la presentación del Plan de Recuperación de la Industria Petrolera y la Industria Eléctrica con el Presidente Interino de Venezuela Juan Guaido Márquez y los diputados electos del 2015, al retornar a Anzoátegui se les prohibió el ingreso a la empresa y al presentarse en su puesto de trabajo y ser notificado de esa medida por el personal del PCP y la Guardia Nacional en el Portón del Condominio José Antonio Anzoátegui “me dirigí a las oficinas administrativas en el Municipio Diego Bautista Urbaneja, en Lechería, donde fui desalojado del edificio por la policía del Estado sin explicación alguna (…) Ahora tengo más de dos años en un limbo legal, jurídico y administrativo ya que la Inspectoría del Trabajo no se pronuncia en el finiquito del proceso administrativo y no ejerce sus funciones sino que genera retardo procesal convirtiéndose este caso en Denegación de Justicia”, afirmó.

 

RAFAEL VELOZ: LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS

 

Rafael Veloz afirma que mal podrían trasladar a los presos políticos a cárceles comunes, porque no han cometido delitos que requieran ser privados de libertad.

 

Rafael Veloz, diputado electo en diciembre 2015 por Caracas y al Parlasur y expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, indicó en el marco de las conclusiones del foro que “el decreto de la Gaceta Oficial del 12 de mayo de 2021 no es más que una estrategia más del régimen para seguir lesionando los derechos humanos de los privados en libertad por el régimen, como orden directa del usurpador de la presidencia de la república, lo que engrosa la violación reiterada a los derechos humanos de los venezolanos”.

“Es importante destacar las acciones que desde la presidencia interina de Juan Guaido y la Asamblea Nacional legítima se han realizado para evidenciar todas las violaciones de derechos humanos ante el mundo, para que se le cayera la careta al régimen usurpador de Nicolás Maduro y mostrar todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido de la mano de organismos policiales, catalogados en el Informe de la Alta Comisionada de DD.HH, de la ONU, Michelle Bachellet, como terroristas”, subrayó Veloz.

“El mundo ha percibido y ven como unos héroes a los que batallan día a día contra una dictadura que implementa un plan de exterminio contra los venezolanos, que han formado y promovido bandas criminales y los tienen hospedados en el país sembrando el caos, el miedo y el terror, destruyendo a la sociedad venezolana y nuestros recursos naturales”, dijo.

“Mal podrían trasladarse estas víctimas del régimen a cárceles comunes, porque no han infringido la ley ni cometido delitos que requieran ser privados de libertad. Su único delito ha sido levantar la voz ante un régimen que persigue, tortura y acaba con las vidas de quienes no comparten su ideología comunista, que mata de hambre a un pueblo con los salarios más bajos del mundo, persigue y reprime a los que denuncian sin tapujos las violaciones gravísimas de los DD.HH. Nosotros los abogados y otros profesionales, médicos, enfermeras, comunicadores sociales, etc., sabemos que al levantar la voz seremos perseguidos por el régimen”, aseguró.

“Nos encontramos en una situación dantesca, lo que pretenden es lavarse la cara ante la CPI, pretenden meter en una lavadora los crímenes que han venido cometiendo, así como meten en una lavadora todo el dinero producto del narcotráfico y corrupción, pero no podrán, porque en la CPI reposan los elementos probatorios de esos crímenes. Por eso el Informe emitido por la Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachellet, por medio del cual exhortaba al régimen criminal de Nicolás Maduro a eliminar el Faes, porque es un órgano policial que utiliza las armas para asesinar a los venezolanos, que se dedica a la persecución e intimidación.

“Pero la situación ha cambiado. La justicia internacional le fijo un precio a la cabeza de Nicolás Maduro de US$15.000.000 y a todo su entorno de cómplices de los crímenes de lesa humanidad (…) Más de 60 países respaldan estas acciones de la justicia internacional y ahora tenemos el Acuerdo del Plan de Salvación Nacional, que nos permite ir a una fase superior, a nuestro objetivo, que es alcanzar la libertad y recuperar la democracia, para avanzar en elecciones libres y justas presidenciales y parlamentarias, con un cronograma electoral, la entrada de las vacunas, la ayuda humanitaria y la libertad de los presos políticos”, dijo para bajar el telón del foro Rafael Veloz.

 

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