Dra. Luisana Trías: El régimen pretende criminalizar a las ONG por ayudar a los venezolanos

* La abogada precisa que la normativa de la providencia administrativa a la cual las quieren someter, vulnera el derecho a la libertad de asociación establecido en el artículo 52 de la constitución y criminaliza también la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.

Por ALFREDO CONDE

Más de 700 asociaciones civiles suscribieron un documento, el pasado martes 20 de abril, para rechazar las imposiciones de la Providencia Administrativa N° 001-2021, publicada en Gaceta Oficial Nº 42.098 del 30 de marzo de 2021, que se traducen en obstáculos para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Venezuela en la ayuda que prestan a las víctimas de la crisis humanitaria compleja y de las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
La normativa del régimen, afirman los representantes de las ONG, las precalifica de terroristas y las obliga a revelar los nombres de sus beneficiarios. Agregan que la medida, que los obliga a registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es un “acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.
A la posición de las ONG se le han sumado diversos sectores organizados de la sociedad civil y acentuado también ha sido el rechazo de los ciudadanos, quienes se han expresado con firmeza a través de las redes sociales.
La doctora Luisana Trías, abogada, docente universitaria, coordinadora del sector Justicia de Voluntad Popular Gremios. coordinadora de abogados de Fundapden-Anzoátegui y exSíndico Procuradora Municipal en la citada entidad oriental, se pronunció al respecto en declaraciones formuladas para CCNesnoticias.

UNA “LEY PENAL EN BLANCO”
“Primero debemos explicar lo sucedido para que los venezolanos estén bien claros… Este 30 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial 48.098 una normativa de rango sublegal que cercena la libertad de asociación de las ONG y demás organizaciones, que además aplica para cualquier persona natural o jurídica de naturaleza no financiera que no estén sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial”, dijo la doctora Trías para comenzar.
“Esta providencia (001-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo) obliga a que se registren ante esa dependencia y a entregar toda la información de sus donantes y los datos de sus beneficiarios de ayuda humanitaria, debiendo tramitar un certificado de registro con vigencia de un año antes del 1º mayo de 2021, apuntó la dirigente de VP-Gremios.
Luisana Trías destacó que la providencia parte de una presunción de culpabilidad y que las personas sometidas a la norma son parte de la delincuencia organizada y/o financian el terrorismo. “Incluso, pareciera que hasta que no se obtiene el certificado no se está libre de sospechas. Por ello, viola la presunción de inocencia, criminalizando la libertad de asociación establecida en la Carta Magna”, enfatizó.

El caso de los cinco miembros de la ONG Azul Positivo que fueron encarcelados por el régimen de manera arbitraria, fue denunciado hasta por Amnistía Internacional.

La profesional del derecho también dijo que la medida no contiene una sanción específica relativa al “delito” o “delitos”, sino que se remite a las sanciones de la Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, como se lee en el artículo 16 de la providencia, y esta ley prevé como sanciones: multas, prisión, cierre de la actividad de una persona jurídica, entre otros.
“Tampoco indica claramente cuál es el hecho punible. Se deduce que podrían ser delitos: a) no ir a registrarse, b) no entregar parte de la información, c) o que la misma no sea aprobada. Así, todo queda a la discreción del funcionario. La providencia es lo que se denomina una ‘ley penal en blanco”‘, dijo.
“En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, la providencia exige más requisitos e información que para otro tipo de personas jurídicas, y entre la información requerida se encuentran: la lista de donantes y la de beneficiarios de asistencia humanitaria, actividades benéficas o cualquier asistencia en materia de derechos humanos, como se expresa en el artículo 6 de la providencia”, acotó la coordinadora de abogados de Fundapden-Anzoátegui.

ASISTENCIA HUMANITARIA
EN SITUACIÓN DE RIESGO
“La providencia pretende desmembrar la labor de las ONG, porque al obligarlas a revelar los nombres de las víctimas de violaciones de DD.HH. a su victimario (el Estado), impide su protección, que es su razón de ser, inclusive puede poner en peligro nuevamente a esas víctimas, que es justamente lo que las ONG deben evitar”, añadió Luisana Trías.
“En el caso de las ONG de asistencia humanitaria, podría poner en peligro a sus beneficiarios si revelara quiénes son al Estado, ya que hay un sinfín de precedentes de amenazas del régimen venezolano de quitarle beneficios sociales o incluso de hostigamiento a personas que hagan algo que él no quiera. Con ello, obviamente, se vulnera el derecho a la cooperación y el deber de asistencia humanitaria cuando hay una situación como la venezolana”, sostuvo.
“La providencia igualmente obliga a la delación, lo que también viola el derecho a la privacidad de las víctimas de derechos humanos y de los beneficiarios de la asistencia humanitaria. Vulnera la autonomía de las ONG, que es clave para poder hacer su actividad y, por ello, vulnera su derecho a la asociación. Las ONG de Venezuela están altamente reguladas, declaran y pagan impuestos, por lo que no tiene sentido esta regulación especial y menos que ese órgano sea la Oficina Nacional de la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, como si la actividad de las ONG fuera de este tipo”, sentenció la profesional del derecho.

“La providencia pretende desmembrar la labor de las ONG, porque al obligarlas revelar los nombres de las víctimas de violaciones de DD.HH. a su victimario (el Estado), impide su protección, que es su razón de ser”.

EFECTOS PELIGROSOS
La doctora Luisana Trías señala que por lo expuesto con anterioridad se puede deducir que la normativa traerá efectos negativos y citó los siguientes:
1. Puede ser aplicada casi a cualquiera y a cualquier organización, no solo a las sin fines de lucro, siempre que el Estado así lo considere.
2. Tiene un efecto disuasorio para los donantes, para los beneficiarios y para la creación de nuevas ONG o para asociaciones civiles que presten ayuda o asistencia de cualquier tipo.
3. Criminaliza el ayudar a otros.
4. Criminaliza la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, ambos deberes de los Estados y correlativamente derechos de las ONG.
“En conclusión, se configura como otro ataque más contra las ONG venezolanas que realizan un trabajo loable y titánico en una lucha contra una crisis humanitaria compleja y las violaciones constantes y reiteradas de derechos humanos, sin olvidar que contribuyen a coadyuvar la población ante tantas carencias que padece en los actuales momentos”, precisó la coordinadora del sector Justicia de VP-Gremios, Luisana Trías.
Twitter: @Alconde


Loading Facebook Comments ...