Rafael Narváez: Es una burla darle leña al pueblo para afrontar la crisis de gas doméstico

El abogado defensor de DDHH, Rafael Narváez, consideró una burla el anuncio del comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Los Andes, sobre el tema de que se va a repartir leña a los ciudadanos para que puedan cocinar y así hacer frente a la escasez de gas doméstico.

 

Para Narváez, es una confirmación de que a la administración de Maduro poco le importa el bienestar de la población.

 

El director de la ONG, Derechos Civiles, aseguró que el anuncio del mayor general, Ovidio Delgado Ramírez, de iniciar un operativo para abastecer de leña a las comunidades, demuestra claramente que las autoridades venezolanas no piensan resolver los problemas de la población y que profundizan el malestar colectivo.

 

“Tenemos una población agobiada por los problemas cotidianos. Es una preocupación constante abastecerse de los servicios públicos, procurarse los alimentos del día y hasta poder movilizarse por la escasez de gasolina, y la respuesta que se recibe por parte del Estado es que se les va a entregar leña para que puedan cocinar, como en el siglo XIX”, expresó.

 

El profesional del derecho resaltó que, no hay justificación para que uno de los países que estaba entre los mayores productores de petróleo en el mundo, haya visto destruida su industria de hidrocarburos; pues no hay gasolina para el transporte ni gas para cocinar.

 

Narváez indicó que mientras se informa sobre la entrega de leña para los venezolanos, los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, los titulares de los Poderes Públicos y los “enchufados”, disfrutan del gas directo.

 

“Los venezolanos siguen siendo víctimas de una violación sistemática de sus DDHH y garantías institucionales por parte del Estado, ya no quedan derechos que el Estado pueda vulnerar, el sufrimiento de la población es total y las autoridades se regodean con la calamidad que está padeciendo la población”, señaló.

 

DESAPARICIÓN DE LOS RECURSOS

El abogado preguntó en dónde se encuentran los recursos que la República recibió como préstamos para incrementar la producción petrolera.

 

Para él es evidente que dichos prestamos no fueron invertidos en la industria de hidrocarburos, que ha descendido en su producción a apenas 400 mil barriles diarios.

 

“El país con mayores reservas de crudo en el mundo tiene que importar gasolina, sus refinerías no funcionan, se cobran hasta 230 dólares por un viaje de Maracaibo hasta Caracas y la gente pasa mil y una dificultades para llenar su bombona de gas. Todo ante el descaro de las autoridades, que la única respuesta que dan es que se va a entregar leña a la población”, subrayó.

 

VIOLACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El defensor de DDHH comentó que con la crisis de los servicios básicos, los venezolanos sufren otras violaciones a sus derechos fundamentales.

 

La vida está en manos del grupo exterminio llamado FAES, la libertad la deciden los cuerpos de seguridad del Estado encabezados por la Guardia Nacional, la Dirección General de Contra Inteligencia Militar y el Sebin; no hay poder público que ponga en cintura a estos cuerpos represivos”, argumentó.

 

“Estos cuerpos sin miramientos ejecutan detenciones arbitrarias y aplican tratos crueles e inhumanos y degradantes contra ciudadanos que alzan la voz de protestas contra esta crisis devastadora que actualmente padece nuestro pueblo; tenemos 363 presos políticos muertos en vida que siguen siendo víctimas de un Estado sin clemencia y sin piedad, recluidos en mazmorras”, continuó.

 

Añadió que toda esta situación continúa mientras la pandemia de COVID-19 hace estragos en la población, con numerosos contagios ocurriendo diariamente y multiplicándose el número de fallecidos.

 

“El Estado publica unas cifras que nadie las cree porque todos estamos viendo como familiares y amigos caen contagiados o mueren por la enfermedad y no son reflejados en las estadísticas oficiales, y mientras tanto, siguen muriendo médicos porque no se les dota de los debidos utensilios de bioseguridad para atender a los pacientes”, advirtió.

 

Narváez sentenció que el ruido estomacal y la hambruna, a consecuencia de un salario de unos cuatro dólares, no se escuchan ni se ven en Miraflores.

 

-con información de prensa Derechos Civiles


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