Condenan actuación judicial y militar que llevaron a la muerte a la Dra. María Virginia Martínez

  • El sector VP-Gremios de Justicia fijó posición ante las circunstancias que rodearon la muerte de la joven doctora, ocurrida la madrugada del 2 de agosto en una clínica privada en Punto Fijo, estado Falcón, donde se encontraba detenida. 
  • La médico cirujana desde su detención presentaba un embarazo de alto riesgo y a pesar de que una jueza dictó cambiar la medida cautelar de privación judicial preventiva al arresto domiciliario, la orden fue ignorada por los militares ante la inacción de los fiscales y la propia juez

 

 

Por ALFREDO CONDE

Las circunstancias que rodearon la muerte de la doctora María Virginia Martínez en la Clínica La Familia de Punto Fijo, estado Falcón, la madrugada del 2 de agosto, debe ser investigada a profundidad para determinar responsabilidades. Es el clamor de los habitantes de la ciudad falconiana y también del sector Voluntad Popular-Gremios de Justicia, que emitió un pronunciamiento de condena ante todo lo sucedido. 

La médico cirujana, quien tenía apenas 27 años, fue detenida el pasado 18 de abril por un caso en investigación en Paraguaná, igualmente en el estado Falcón. Desde el principio, Indira Martínez, familiar de la doctora, advirtió que estaba embarazada, que sufría presión arterial alta y en consecuencia con riesgo de preeclampcia superpuesta. Esto fue corroborado, lo que llevó a la jueza Tercero de Control, María José Romero, a ordenar el cambio de la medida cautelar de privación judicial preventiva que cumplía en la clínica desde el momento de su detención por la menos gravosa de arresto domiciliario, pero las autoridades militares la desconocieron. 

Lo grave es que ni la propia jueza responsable de aplicar justicia hizo valer su autonomía expresada en el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y los fiscales del hecho hicieron algo al respecto por la salud y la vida de la detenida.

Los abogados de la doctora María Virginia Martínez actuaron conforme a la ley en todas sus actuaciones, pero todos los recursos que intentaron, salvo el del cambio del lugar de detención preventiva, fueron negados, incluso uno en el que invocaron el artículo 231 del COPP, el cual prohíbe que las mujeres con más de seis meses de embarazo permanezcan detenidas.

 

Después de tres meses ilegalmente detenida en la clínica, con mayor riesgo de contagio a la COVID-19, contrajo esa enfermedad y su vida se apagó en la madrugada del domingo 2 de agosto, mientras esperaba la respuesta afirmativa de un amparo que nunca llegó”.

 

A la postre, la doctora, que se desempeñaba en el ambulatorio de Carirubana y era directora de Salud de la Fundación “Carmen Virginia Martínez”, estuvo expuesta al contagio de COVID-19 y contrajo la enfermedad que desencadenó su muerte, mientras se encontraba a la espera de una respuesta positiva a la medida humanitaria solicitada por sus abogados defensores, que no llegó nunca, por lo que tampoco pudo atender a la bebé que trajo al mundo el 17 de julio, cuando se le tuvo que adelantar el nacimiento, por medio de la práctica de una cesárea.

A continuación presentamos el pronunciamiento de VP-Gremios de Justicia, con los detalles del tan lamentable caso:

VP-Gremios de Justicia condena actuación judicial y militar que llevaron a la muerte a la Dra. María Virginia Martínez

 

Desde el sector Voluntad Popular-Gremios de Justicia expresamos nuestra más categórica condena, por las actuaciones judiciales y militares del régimen, que llevaron a la muerte a la doctora María Virginia Martínez, quien falleció la madrugada del 2 de agosto en una clínica privada en Punto Fijo, estado Falcón. La médico cirujana, quien tenía 27años, se desempeñaba en el ambulatorio de Carirubana y era directora de Salud de la Fundación “Carmen Virginia Martínez”.

Como es del dominio público, la doctora Martínez fue detenida por un caso en Paraguaná, junto a algunos de sus familiares y otras personas, por la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA) 13 Falcón, el pasado 18 de abril de 2020, lo que significó el comienzo de su calvario por la más completa violación a sus derechos.

Tres días después, como aparece en el expediente IP11-P-2020-000708, los detenidos fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, extensión Punto Fijo, acordándose la medida de privación judicial preventiva de libertad. El fiscal 27 nacional, Keitwerr Peña, imputó los delitos. También la fiscal Liliana Yanet Herrera, y en Falcón por la Fiscal 13, Sandra Blanco.

Mientras a los otros detenidos se les dictó reclusión preventiva en la sede de la URIA 13 Falcón, se acordó que la Dra. María Virginia Martínez, permaneciera en la Clínica La Familia hasta que fuera dada de alta, pues presentaba un embarazo de alto riesgo. Desde el principio, Indira Martínez, familiar de la médico, advirtió que la doctora estaba embarazada, que sufría presión arterial alta y en consecuencia podría padecer de preeclampcia superpuesta.

Ante esta condición la defensa de la doctora María Virginia Martínez introdujo un escrito el 25 de mayo, el cual fue recibido por el Tribunal, quien consideró revisar y hasta modificar la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad por una menos gravosa. A pesar del escrito de la consideración del Tribunal y de que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en su artículo 231 prohíbe que las mujeres con más de seis meses de embarazo estén detenidas, la doctora Martínez permaneció privada de la libertad.

Cabe resaltar que la solicitud fue admitida el 28 de mayo, como lo muestra el oficio 3C-196-2020, mediante el cual la jueza Tercero de Control, María Romero, informaba al Comando de la URIA 13 Falcón, proceder con la medida menos gravosa. Ese oficio fue recibido por un sargento de apellido Barroso a las 5:00 de la tarde de aquel 28 de mayo, como han destacado los medios de comunicación de la región, pero el mayor Miguel Ángel Martínez Salazar, en abierto desconocimiento de la jueza, se negó a dar curso a la medida de arresto domiciliario a cumplirse en la casa 152 ubicada en la calle Martes de la urbanización Don Carlos, sector María Auxiliadora de Punto Fijo, municipio Carirubana.

Ante la negativa del jefe militar y de un general de apellido Castillo, superior de Martínez Salazar, se introdujeron escritos y hasta un amparo en las fechas 9, 14, 26 y 29 de junio de 2020, los cuales no tuvieron respuesta. 

Ni la jueza María José Romero, que dictó el arresto domiciliario, hizo valer su autonomía expresa en el artículo 5 del COPP; ni la abogada Liliana Yanet Herrera, Sandra Blanco, ni siquiera el Fiscal Superior Ketwerr Peña, hicieron algo al respecto por la salud y la vida de la detenida.

 

 

La alegría de ser madre y de criar a su pequeña bebé que tenía la doctora María Virginia Martínez se apagó junto a su vida el pasado 2 de agosto

 

 

El 31 de mayo, a la doctora María Virginia Martínez le dieron el alta médica de la Clínica La Familia, donde seguía internada por presentar amenazas de aborto, según reportes de la Dra. María Hidalgo. El 8 de junio los abogados de la médico introdujeron un recurso de medida humanitaria en aras de garantizar y vigilar a través del derecho a la defensa, el resguardo integral como un ser humano indefenso, advirtiendo que correspondía a los órganos de justicia ejecutar y hacer ejecutar las sentencias conforme al artículo 253 de la Magna. Pero tampoco se logró nada, pues continuó presa en una habitación de la clínica bajo custodia de guardias y prohibición de acercamiento de algún familiar y hasta se vio obligada a cargar tobos con agua para asearse, por los problemas de agua potable en el hospital.

El 17 de julio, hubo que adelantar el parto por lo que se le practicó una cesárea. Su condición de parturienta tampoco hizo cambiar de punto de vista a los militares, quienes la mantuvieron bajo arresto en la clínica y le negaron la posibilidad de cumplir el arresto domiciliario y encargarse de su hija.

Después de tres meses ilegalmente detenida en la clínica, con mayor riesgo de contagio a la COVID-19, contrajo esa enfermedad y su vida se apagó en la madrugada del domingo 2 de agosto, mientras esperaba la respuesta afirmativa de un amparo que nunca llegó.

VP-Gremios de Justicia, al tiempo de informar a los venezolanos sobre los acontecimientos que rodearon el caso de la Dra. María Virginia Martínez, insta a pronunciarse, ante este indignante hecho, a la Alta Comisionada de los DD.HH de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH, al Consejo Permanente de la OEA, al Comisionado de la Presidencia Encargada para los DD.HH., al recién constituido Observatorio de los DD.HH de la Asamblea, así como a las distintas ONGs de los Derechos Humanos del país.

Caracas, 12 de agosto de 2020


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