Diputado Rafael Veloz: Urge poner en marcha al Poder Judicial 

  • El diputado Rafael Veloz dice que “una nación con una justicia inerte es una nación sin orden ni ley” y considera que la justicia, “hoy totalmente desactivada para su verdadero fin es utilizada a discreción del régimen totalitario de Nicolás Maduro como arma política”.
  • Explica que en Venezuela la curva de contagio por coronavirus no ha tenido un crecimiento exponencial por lo que “hay poderosas razones para flexibilizar el confinamiento (…) tomando muy en cuenta las medidas sanitarias pautadas por los especialistas, que corresponden a la pandemia de la COVID-19”.

 

Por ALFREDO CONDE

 

El diputado al Parlasur y a la Asamblea Nacional por Caracas, Rafael Veloz, desde su oficina parlamentaria, ofreció declaraciones para exponer las razones por las cuales urge poner en marcha al Poder Judicial venezolano.

El también Coordinador Nacional del sector Gremios de Voluntad Popular dice que si “damos como validos los bajos índices sobre el número de casos y fallecidos por la pandemia de la COVID-19 que suministra a diario el régimen de Nicolás Maduro, no hay razones para mantener paralizada la justicia del país, como ha sido hasta ahora”. 

En realidad esta situación solo sucede en Venezuela, como resalta Veloz. “porque hemos visto incluso en el resto de los países latinoamericanos y de otras latitudes, con cifras más elevadas de contagios, como a través de la tecnología y con óptimas medidas sanitarias de prevención han logrado avanzar de manera positiva en este sentido”.

Rafael Veloz ha estado en permanente contacto con los abogados y con otros actores involucrados con la justicia venezolana. De sus testimonios y de trabajos de investigación de campo que se han realizado con los ciudadanos, concluye que la inmensa mayoría está completamente de acuerdo en poner en marcha al Poder Judicial, que en la actualidad está prácticamente paralizado, por los dictámenes del espurio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Vamos a los hechos. El 20 de marzo la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen dio a conocer la resolución que sentencia que “ningún tribunal despachará desde el lunes 16 de marzo hasta el 13 de abril de 2020” y agrega que “durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales”. 

“Tal situación fue prorrogada en dos ocasiones, la primera hasta el 13 de mayo y al día siguiente igualmente fue extendida, tras salir publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.535 el decreto mediante el cual se alarga hasta mediados de junio el estado de alarma en el país por la pandemia de la COVID-19.

“El TSJ, por su parte, aprobó en Sala Plena la Resolución N° 003-2020, mediante la cual se prorroga por 30 días el plazo establecido en la Resolución N° 002-2020, de fecha 13 de abril de 2020, por lo que “ningún tribunal despachará desde el miércoles 13 de mayo hasta el viernes 12 de junio de 2020, ambas fechas inclusive”, período en el que “permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales”, apunta la oficina parlamentaria de Veloz.

 

El espurio TSJ solo se preocupa en favorecer a través de sus dictámenes al régimen de Maduro.

 

 

TODO EN FAVOR DEL RÉGIMEN

Hay que señalar que en la primera decisión del TSJ, que se mantiene vigente, quedó establecido que “los órganos jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia y acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes, en el caso de materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período antes mencionado”.

“Hay que resaltar muy bien lo anterior. En la resolución del TSJ se dictaminó que los jueces laborarían por guardias para atender ‘actuaciones urgentes’, como indicamos antes. Pero, con el paso de los días lo que hemos visto es que esas ‘actuaciones urgentes’ son para la utilización de la ‘justicia’, valgan las comillas, en pro de los intereses oficialistas, con ‘decenas de procesos iniciados en plena cuarentena contra periodistas, médicos y ciudadanos por informar, quejarse en redes sociales o protestar por la falta de alimentos y gasolina; a quienes se les ha aplicado la cuestionada Ley contra el Odio’, como informó el portal supremainjusticia.org, creado por un grupo de asociaciones civiles que gravitan de alguna manera entorno al Poder Judicial de Venezuela. 

De paso, el TSJ hasta la fecha no ha suministrado información sobre esos procesos, por lo que están envueltos en la oscuridad.

 

EL DERECHO AL TRABAJO

“Como explicamos al inicio hay poderosas razones para flexibilizar el confinamiento, por supuesto, tomando muy en cuenta las medidas sanitarias pautadas por los especialistas y que corresponden a la pandemia de la COVID-19. Esto debe quedar muy claro”, subraya Rafael Veloz en su declaración.

“La realidad es que en Venezuela la curva de contagio por coronavirus no ha tenido un crecimiento exponencial debido al aislamiento de la población venezolana como producto de la catástrofe económica provocada por el régimen usurpador. Por lo tanto, urge a los venezolanos retomar la actividad y capacidad productiva, para lo cual es necesario el funcionamiento del Estado en todas sus ramas y en especial la Justicia, hoy totalmente desactivada para su verdadero fin y utilizada a discreción del régimen totalitario de Nicolás Maduro como arma política, como han venido señalando cada día más los abogados, diversas organizaciones profesionales y sindicales de estos profesionales en varios estados del país, así como los trabajadores de los registros, notarias y de oficinas donde se emiten las partidas de nacimiento y las de defunción”. 

 

Para la población venezolana es muy grave la incidencia que tienen los actos que les impide el acceso a la justicia por parte de quien usurpa la autoridad que emana de la Primera Magistratura del Estado, al manipular los principios constitucionales y “decretar” un estado de alarma que suspende, no restringe como dicta la norma, garantías constitucionales”.

 

Veloz hace hincapié en que la mayoría de los abogados son trabajadores independientes que no están generando ingresos para poder sostener sus familias en medio de una crisis económica brutal, pero “ante todo son ciudadanos que tienen el deber ético y la obligación, como actores fundamentales de la justicia, a lanzar su voz de alerta frente a todo acto que contraríe los principios constitucionales, menoscabe las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos, así como el demandar y exigir el respeto a la Constitución y a las Leyes”.

 

EFECTOS NEGATIVOS PARA LA POBLACIÓN

“Para la población venezolana es muy grave la incidencia que tienen los actos que les impide el acceso a la justicia por parte de quien usurpa la autoridad que emana de la Primera Magistratura del Estado, al manipular los principios constitucionales y “decretar” un estado de alarma que suspende, no restringe como dicta la norma, garantías constitucionales; privando así a los ciudadanos el derecho que tienen de poder accionar en los órganos de administración de justicia de Venezuela”, apunta el también expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA).

“La total parálisis del Poder Judicial no puede continuar, pues una nación con una justicia inerte es una nación sin orden ni ley”, sentenció Rafael Veloz para concluir.

Twitter: @Alconde


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