The Washington Post: El gobierno de Maduro debe dejar de estigmatizar a quienes retornan por COVID-19

  • “Aunque es difícil tener una atención diferenciada sobre Venezuela en las actuales circunstancias, es imperativo que la comunidad internacional mantenga su mirada atenta sobre el país para impedir que la pandemia sea una excusa más que lleve a Nicolás Maduro a poner también en cuarentena a los derechos humanos”, sostiene un artículo de opinión escrito por Carolina Jiménez Sandoval, Directora Adjunta de Investigación para las Américas en Amnistía Internacional; y Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea
  • Las expresiones despectivas de Tarek William Saab y de Iris Varela, dos de los principales voceros del régimen chavista, en contra de los venezolanos que han tenido que regresar a su tierra debido a que la pandemia de coronavirus significó que perdieran sus trabajos y sus ingresos económicos, revelan cómo el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), utiliza el “lenguaje estigmatizante del gobierno de Nicolás Maduro” para pintar como enemigos o traidores a estos migrantes.
  • A continuación el artículo publicado en The Washington Post:

 

El 13 de abril el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, se preguntó en Twitter si el regreso de “venezolanos que renegaron públicamente de la nación, luego de ser ultrajados en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, etc.” era “karma.” Dos días después, Iris Varela, Ministra de Asuntos Penitenciarios, tuiteó: “Ante el retorno de fascistas y golpistas camuflados, necesario es reflexionar sobre la naturaleza del escorpión!”. Ambos mensajes, referidos al retorno de personas venezolanas al país debido a la pandemia de COVID-19, y expuestos por altas autoridades y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), son una muestra del lenguaje estigmatizante que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza para pintar como enemigos o traidores a quienes ejercen su derecho a regresar a su país de origen.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 5 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años. Es la segunda crisis de personas refugiadas más grande del mundo, sólo superada por la de Siria. A pesar de este éxodo masivo sin precedentes en la región, los países de recepción y transito no han sido capaces de implementar políticas públicas que garanticen sus derechos humanos. En Colombia, Perú y Ecuador, países que hospedan a 3 millones de venezolanos, se calcula que 90% trabajan en empleos informales y no cuentan con seguridad social para ellos y sus familias. La gravísima precariedad que enfrentan está obligando a muchas personas refugiadas venezolanas a regresar, por cualquier medio, al país gobernado por quienes provocaron su exilio y el cual ahora las recibe con estigmas y humillaciones.

En la última década, al agravamiento de la crisis de derechos humanos se le añadió una emergencia humanitaria compleja y el aumento de conflictividad social, con protestas masivas en 2017 que arrojaron un saldo de más de 120 personas fallecidas y al menos 1,958 heridas. Esta dramática realidad quedó retratada en las imágenes de familias enteras que cruzaban a pie la frontera hacia las principales ciudades de Colombia, o hasta Ecuador, Perú y Chile, minando la narrativa negacionista de la crisis que el gobierno venezolano había insistido en construir y dejando en evidencia la vulnerabilidad de millones de personas que ya no podían vivir en su propio país. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la alta informalidad que caracteriza al empleo de muchas personas refugiadas venezolanas (debido en parte a las dificultades para obtener protección internacional o regularizar su estatus migratorio) imposibilita a muchos mantener el aislamiento dentro de sus hogares, seguir pagando el alquiler de la vivienda, los servicios básicos y alimentos en los países de recepción.

 


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