Operativo del CICPC deja “extraviadas” 3 vacas, un toro, 11 cochinos y 5 humildes campesinos presos: solicitan a Tareck William Saab un fiscal nacional

Desde el pasado 19 de abril, cinco humildes campesinos viven un infierno tras ser detenidos en un operativo realizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Subdelegación de Dabajuro, en el estado Falcón, luego que fueron señalados por ser supuestos narcotraficantes, cuando en realidad son pequeños productores lácteos.

Así lo declaró para CCN Es Noticias el abogado y exdiputado Miguel Ángel Paz, quien decidió asumir la defensa de esas cinco personas que no poseen bienes ni riquezas que avalen la tesis de los efectivos de la policía científica que los vinculan al ilícito negocio de las drogas en asociación con carteles de México, además de relacionarlos con “armas de guerra”  y una “pista clandestina”.

Estas personas son tan pobres que ni cuentas bancarias poseen… estos venezolanos están siendo víctimas de una gran injusticia”, dijo el abogado

LOS HECHOS

De entrada, el abogado  Miguel Ángel Paz destaca varios hechos que lo llevan a concluir que el caso constituye una mala praxis policial ejecutada por 17 de los 32 funcionarios adscritos a la Subdelegación del CICPC de Dabajuro, en detrimento de cinco campesinos -dos de ellos con retardo mental-, que llevan casi seis meses tras las rejas.

Lo primero es que ese 19 de abril, siendo aproximadamente las cinco de la madrugada, en el sector El Tigre, una persona que no es identificada en el acta policial “advierte” de la presencia de “unos narcotraficantes que estaban disparando” y los conduce a la finca Divino Niño en la parroquia Purureche del municipio Pedregal, donde encontraron a cinco personas en plenas faenas de campo, dedicadas a la producción de productos lácteos, específicamente de quesos y cuajadas.

“En ese momento, los policías abordan a dos personas que iban a esa finca a buscar queso y las obligan a firmar un acta en la que se indica que los cinco campesinos son en realidad ‘narcotraficantes´’, procedimiento que está viciado porque estas personas, desde el punto de vista legal no pueden ser consideradas como testigos, porque una es hijo de uno de los detenidos mientras que la otra es sobrino de tres de los aprehendidos”, detalló el abogado.

Los aprehendidos en el operativo son:

  • Helimenas Antonio Chirinos, de 54 años
  •  José Ramón Túa Jiménez, de 38 años
  • Pascual Antonio Túa Jiménez, de 52 años
  • Víctor César Chirinos Jiménez, de 34 años
  • José Leonardo Chirinos Jiménez, de 55 años.

Actualmente están encerrados en la Comunidad Penitenciaria de Coro, siendo acusados de los siguientes delitos:

  • Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
  • Asociación para delinquir
  • Tráfico de armas de guerra.

Otro elemento que destaca el jurista es que en el acta policial se recoge que los funcionarios sostienen que en el sitio habían tres tractores “que eran utilizados para darle mantenimiento a una pista de aterrizaje clandestina”, versión que no tiene cómo sostenerse en la realidad, dado que esa maquinaria está inservible por su deterioro y falta de repuestos.

“Además -añade Miguel Ángel Paz-, esos tractores están en otra finca que se ubica a 40 kilómetros del lugar donde se hizo el operativo de seguridad, y es por eso que la Fiscalía no les hace la experticia… ¡simplemente esa maquinaria no estaba allí!”.

 

Estos son los tractores inservibles que el CICPC dijo servían para “mantener” la “pista de aterrizaje clandestina”

 

 

En cuanto a la “pista clandestina”, el exparlamentario asegura que dadas las condiciones geográficas “es imposible que una avioneta despegue o aterrice en esa zona que es pedregosa, árida e impenetrable”.

El jurista dice que los policías determinaron “a pepa de ojo” al existencia de la “pista clandestina”, en virtud a que no existe aún un estudio técnico que compruebe que esa zona sea apta para que operen avionetas. “No está hecha la experticia de la supuesta pista de aterrizaje que estableciera rastros de aterrizajes y despegues de avión, ¡no hay nada de eso!”, acotó.

De las “armas de guerra”, Miguel Ángel Paz dijo que se tratan de escopetas y fusiles viejos “que usan los campesinos para matar zorros, cunaguaros, conejos y venados… esas no pueden ser armas de guerra”.

Otro punto que recuerda el abogado sobre lo ocurrido ese 19 de abril es la “desaparición” durante el procedimiento realizado por el CICPC de “tres vacas, un toro, once cochinos, siete caprinos y 800 litros de gasolina”, información que no fue levantada por los efectivos policiales en el acta.

PETITORIO AL FISCAL GENERAL 

Además de las irregularidades que detectó durante el operativo policial, Miguel Ángel Paz obtuvo el testimonio de dos personas que conocen a los cinco detenidos, una de ellas la alcaldesa del municipio Democracia, Gregorio Crespo, quien aseveró que son personas honestas y humildes dedicadas a las labores del campo, posición que también comparte el presidente de la junta comunal del sector donde se desarrollaron los hechos.

El abogado y exdiputado, Miguel Ángel Paz

Con todo ese cúmulo de elementos, es que el abogado hace un petitorio al Fiscal General de la República, Tareck William Saab, que consiste en solicitarle la designación de un Fiscal Nacional para que revise las evidencias, y de acuerdo a las pesquisas que realice el Ministerio Público, pueda solicitar el sobreseimiento, “porque se comprobará que es un caso montado”, dice el abogado de los detenidos.

Entre las argumentaciones de Miguel Ángel Paz destaca que “el acta policial lo que demuestra es que los campesinos aprehendidos son víctimas de un abuso policial sin que haya elementos que demuestren, aunque sea grosso modo, indicios de que ellos estén involucrados en los delitos de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y tráfico de armas de guerra, tal como inconsistentemente se les acusa, y en fin, lo que demuestra ese acta policial más bien es una patraña que daña profundamente la justicia, convirtiéndose este caso  es un caso emblemático de abuso policial contra campesinos que como no tienen quién los defienda, se hunden en el olvido más inepto”.

Es por ello que el abogado afirma que al conocer “las credenciales de lucha contra la injusticia de Tarek William Saab, sabemos que hará el escrutinio debido y a su experiencia sabrá interpretar el contenido del acta policial de marras y se dará cuenta de la inmensa injusticia que se está cometiendo contra estos honestos campesinos del estado Falcón”.  

El acta policial 

 

 


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