Medina Roa rechazó que en la sentencia no se considerará la Ley contra la tortura.

La muerte del capitán de corbeta, el pasado 21 de junio cuando se encontraba bajo custodia, desató denuncias de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, así como de la comunidad internacional, contra el régimen de Nicolás Maduro.

Esto originó que la Asamblea Nacional solicitara a la delegación que Michelle Bachelet dejó instalada en Caracas constatar las condiciones de detención y el estado de salud de los presos políticos del país.

El 21 de junio de 2019 Acosta Arévalo fue detenido por individuos armados, sin identificación, y sin que sus familiares o su abogado tuvieran conocimiento de su paradero.

El 28 de junio, siete días luego de su desaparición, el capitán fue presentado por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM.

 

Alonso Medina Roa, abogado y defensor de los derechos humanos

Para el momento, Roa explicó que Arévalo estaba “en lamentable estado: no podía caminar, apenas podía hablar pidiendo ayuda y con evidentes signos de tortura”.

Sin embargo, esto tampoco es señalado en las comunicaciones oficiales; una de ellas apenas indicó que el capitán sufrió un desmayo.

El 1 de julio oficiales de la Aviación difundieron en redes sociales un comunicado en el que condenaron las torturas a las que fue sometido el capitán de corbeta, donde además instaron a “desconocer el usurpador y deponerlo”.

 

 

-con información de El Nacional