ENTREVISTA / Exjuez Penal y activista de DDHH, Juan González Taguaruco: “Venezuela es un país sin instituciones”.

  • CCN
  • Por ALFREDO CONDE

El abogado Juan González Taguaruco considera que para lograr la reconstrucción y recuperación económica del país, una vez se produzca el cese de la usurpación, “lo fundamental es la reinstitucionalización de la República”, pues “nadie en su sano juicio puede invertir en un país donde no existe credibilidad, no solamente en las instituciones que ejercen el Poder Ejecutivo, sino en las que ejercen el Poder Judicial”. El exjuez Penal y activista de Derechos Humanos de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, piensa estamos en un país sin instituciones y que se impone en el futuro cercano reformar la Constitución de 1999, pero no en este momento.
González Taguaruco, especialista en Derecho Penal y Administrativo, en entrevista exclusiva para CCesnoticias, hizo una radiografía de la actual situación jurídica del país y recalcó que no es un activista político, sino “un venezolano como muchos, que cree que vamos por el camino correcto, y que por ello, vamos bien, vamos muy bien”, gracias a los pasos que viene dando el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y los diputados de la Asamblea Nacional.

-No cabe duda que en este momento histórico que vive Venezuela, todo lo concerniente a lo netamente jurídico es fundamental para restablecer la vigencia de la Constitución. ¿Qué  le ha parecido el esfuerzo hecho por los diputados de la Asamblea Nacional sobre la elaboración de la Ley de de Amnistía y Garantías Constitucionales y el Estatuto para la Transición, etc.?

-Venezuela es un país sin instituciones. Y particularmente, lograr que los poderes públicos puedan cumplir con sus cometidos constitucionales comporta una profunda revisión de las normas que regulan su organización, competencias y funcionamiento.
-Aunque lo que no podemos obviar, es que lo que ha destruido la institucionalidad democrática no han sido las normas, sino el proceder de quienes de facto ejercen el poder, abiertamente en contra de lo que las normas prescriben, particularmente, la norma de normas, la Constitución.
-Es menester –continúa- acometer algunas reformas y en otros supuestos dictarlas, es posible, pero la garantía de la efectiva vigencia de la Constitución pasa por cumplirla, y ello, hace rato que no ocurre en Venezuela.
-El esfuerzo de los diputados es valioso, en el Estatuto para la Transición, se ha dado una ruta, compartida por la pluralidad de corrientes que hacen vida en los factores democráticos.

“Lo que ha destruido la institucionalidad democrática no han sido las normas, sino el proceder de quienes de facto ejercen el poder, abiertamente en contra de lo que las normas prescriben, particularmente, la norma de normas, la Constitución”.

LA IMPORTANCIA DEL PARLAMENTO

-Doctor, sin duda, la situación de los venezolanos es dramática. O no consiguen los alimentos y medicinas que requieren o no están en capacidad de pagar por estos rubros debido a la hiperinflación que crece cada día. Muchos no entienden que primero se ha tenido que blindar los aspectos legales para avanzar y que eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Piensa que se han dado los pasos correctos y qué sigue ahora?

-A veces nos preocupa, que apremiados por una cotidianidad muy dura, de inflación, colapso total de los servicios públicos, crisis en la alimentación, educación y salud, no solamente porque en nuestros hospitales no se le puede brindar atención médica de calidad a nadie, sino porque enfermedades erradicadas o controladas desde hace muchísimos años, hoy vuelven a aparecer en los índices de morbilidad y mortalidad, se discuta sobre aspectos jurídicos, que en muchos casos a la ciudadanía, les puede parecer irrelevante, baladí e inútil.
-Conceptos como democracia, libertad y justicia, a veces no tienen el impacto que puede tener al hablar de alimentación, medicinas y la posibilidad de llevar a los niños al Colegio y que éstos reciban una educación de calidad, súmale ahora, que le indiquemos a los ciudadanos, que hay que atender a la reforma de leyes para que el país funcione.
-Estos temas hay que tratarlos, explicarle a los ciudadanos la importancia del parlamento como el sitio idóneo para el logro de los más grandes consensos, y que esos grandes consensos, en algunos casos, se traducen en leyes que tienen incidencia en la forma como los ciudadanos, podemos crecer gracias a los derechos y garantías que esas leyes nos reconocen y desarrollan.
-A mi juicio, la dirigencia política está demostrando la madurez que no demostró en otros momentos. Hay que entender que los tiempos políticos en algunos casos no van de la mano con nuestras urgencias, y que la situación de Venezuela, en una crisis humanitaria compleja, consecuencia de veinte años de ausencia de políticas públicas acertadas -por cuanto solo perseguían captar votos mediante el clientelismo exacerbado- y la corrupción, demanda crear las condiciones que permitan contar con reglas claras e instituciones capaces de generar la confianza que requiere el país, en un mundo global, para participar en el mercado, y para construir un lugar donde el capital privado pueda invertir y ser un factor determinante en el crecimiento de la economía.
-Se debe seguir trabajando –señala González Taguaruco-, para que se verifique un cambio político, que permita que Venezuela pueda ser de nuevo un país, donde las instituciones cumplan con sus cometidos, pero además, donde no se le perciba como el botín de una banda criminal, cuyo único interés en mantenerse en el poder es garantizar su impunidad y privilegios.
-Son muchos los que no entienden bien lo que significa la Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales por el tema de la impunidad.

¿Quiénes califican para ella?

-A muchos ciudadanos les parece confuso, y de hecho, voceros del partido de Nicolás Maduro, han advertido que la dirigencia política que procura el restablecimiento de las instituciones democráticas, ha calificado como delincuentes a quienes le proponen la amnistía.
-En principio, advertimos que la Ley habla de dos supuestos, por una parte la amnistía y por la otra, las garantías para aquellos militares y funcionarios de policía, que cumplan coadyuven en el restablecimiento de la democracia. ¿Qué consideramos nosotros importante destacar de todo esto? Por una parte, que las causales de justificación tienen carácter enunciativo, en el sentido, que no se limitan a aquéllas que son desarrolladas en el artículo 65 del Código Penal venezolano, sin perjuicio, que el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber, por ejemplo, son conductas, a mi juicio irrelevantes para el derecho penal por razones de atipicidad, y por la otra, que constituye un deber para todo ciudadano investido o no de autoridad, coadyuvar al restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, por lo que no habría nada que amnistiar.
-La conducta desplegada por cualquier funcionario policial o militar, que procure el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, no hace más que adherirse a sus postulados, cumplirlos de manera cabal, y por tanto es una conducta lícita, entonces nada hay que amnistiar.
-En este sentido, se habría enviado un mensaje erróneo, pero la percepción de un ciudadano, que desde afuera de la diatriba política observa los hechos, la propuesta de ley de amnistía fue un gran acierto desde el punto de vista político, por cuanto de alguna manera, vimos cierta inhibición de la Guardia Nacional en la represión de la protesta pacífica, y los desmanes le son imputados a grupos civiles armados que actúan con la aquiescencia del gobierno –colectivos-, y a funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), plagada de sujetos de similar origen, según entendemos.
-En cualquier caso, lo que se ofrece a los funcionarios policiales, militares y otros civiles que colaboren en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, como es su deber, son garantías, para ello se trabaja arduamente.
-La ciudadanía debe tener la tranquilidad -estima el especialista en DDHH-, que por imperativo constitucional, las violaciones graves de los derechos humanos, no pueden tener beneficios que comporten impunidad, y por ello, el indulto y la amnistía, no proceden; aunado al hecho, que la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, deben formar parte de todo proceso de transición a la democracia, no hay otra manera de garantizar la gobernabilidad.
-En todo caso, soy de la opinión que una Ley de Amnistía puede resultar insuficiente, si advertimos, que en los medios de comunicación se reseña y se señalan a funcionarios del alto gobierno y militares, como responsables de graves actos de corrupción y tráfico de drogas. Estos delitos pueden ser objeto de amnistía, yo particularmente no lo creo.
-Pero ahora, ¿será posible garantizar la gobernabilidad cuando se produzca el cambio que tanto esperamos, cuando tendríamos una oposición millonaria en divisas y armada? Lo veo muy difícil, por ello, además de una ley de amnistía, es menester otra ley de justicia transicional y postconflicto, como instrumento necesario para que se puedan crear las condiciones para que en paz, se pueda reconstruir la República.

“La dirigencia política está demostrando la madurez que no demostró en otros momentos. Hay que entender que los tiempos políticos en algunos casos no van de la mano con nuestras urgencias, y que la situación de Venezuela, en una crisis humanitaria compleja, consecuencia de veinte años de ausencia de políticas públicas acertadas y la corrupción”.

EN VENEZUELA NO HAY JUSTICIA

-Como ha dicho en sus discursos y declaraciones el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es indispensable que exista seguridad jurídica, es decir, reglas legales claras para los inversionistas y los ciudadanos en general, fundamentales para la reconstrucción del país. ¿Qué opina al respecto?
-Indudable, pero lo fundamental es la reinstitucionalización de la República. Que persona en su sano juicio puede invertiren un país donde no existe credibilidad, no solamente en las instituciones que ejercen el Poder Ejecutivo, sino en las que ejercen el Poder Judicial. La administración de Justicia en Venezuela no se percibe imparcial ni independiente, al contrario, es un eufemismo calificar al Poder Judicial como “Poder”, toda vez, que hoy día no es más que una estructura subordinada al Poder Ejecutivo.

-Proponga al inversionista participar en un mercado, donde no hay respeto por el derecho de autor y la propiedad industrial; donde existen normas que califican como delios conductas permitidas en otros mercados, por cuanto son percibidas como especulativas; donde la justicia laboral o del trabajo es enemiga del empleador, y donde la justicia civil es ineficiente y está profundamente corrompida. La seguridad jurídica es base para que la inversión, y por ende, la economía fluya.
-Usted es un abogado de larga trayectoria en los tribunales del país. ¿Qué puede decirnos de los jueces transitorios? ¿Qué pasos hay que cumplir y cuánto tiempo puede tardar sanear la justicia venezolana?

-Imagino que se refiere a los jueces provisorios. Es un tema interesante, constituye un presupuesto para la independencia y la autonomía del poder judicial y de los jueces, la estabilidad de los jueces, y particularmente, el chavismo fue muy hábil en tomar el Poder Judicial, para acto seguido, designar jueces a dedo, libremente removibles desde estructuras tomadas por el Poder Ejecutivo.
-Hay un trabajo arduo que hacer en el Poder Judicial venezolano, por cuanto a mi juicio, muy a pesar de lo que diga la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, en Venezuela no hay jueces titulares, y esa afirmación la hago por cuanto aquí no se han realizado los concursos públicos de oposición para ingresar a la carrera judicial. El último intento que conocí fue el programa especial para la regularización de la titularidad, si mal no recuerdo se adelantó en el año 2005, y se percibía como un mecanismo para darle la titularidad a quienes ya habían sido designados a dedo; luego, no fue un concurso abierto a cualquier abogado que tuviera interés en ingresar a la carrera judicial y tampoco fueron públicos; por tanto, esos nombramientos, como actos administrativos de efectos particulares que son, fueron dictados con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente previsto, y por ello, son radical y absolutamente nulos.
-En este orden de ideas, imagina el día después a los jueces que son responsables de violaciones graves a los derechos humanos ¿si estuviera en su lugar, se quedaría en el tribunal? Yo no creo que estas personas responsables de la persecución a la disidencia política, que le han sido presentados ciudadanos con secuelas visibles de tortura y no han hecho nada, al contrario, han devuelto con órdenes de privación de libertad a estos ciudadanos a la custodia del torturador, si conocen la gravedad de ese proceder no deberían quedarse, es más, deben prepararse para enfrentar la justicia.
-Los mecanismos para sustituirlos de inmediato están, y en cualquier caso, se impone convocar a la concursos públicos de oposición para la provisión de los cargos, y tener conciencia, que si queremos los mejores jueces, debemos procurar captar a los mejores profesionales, y por ello, debe ofrecerse un paquete atractivo, para que ese profesional de primer orden, quiera ser juez o fiscal del Ministerio Público, y no trabajar en la empresa privada o en un escritorio jurídico que le ofrezca mejores beneficios socioeconómicos, hay que procurar los mejores para el servicio público, y eso debe ser en todos los órdenes.

“La administración de Justicia en Venezuela no se percibe imparcial ni independiente, al contrario, es un eufemismo calificar al Poder Judicial como “Poder”, toda vez, que hoy día no es más que una estructura subordinada al Poder Ejecutivo”.

TSJ DE MADURO NO TIENE LEGITIMIDAD

-¿Qué opinión le merece la actuación del TSJ de Nicolás Maduro que encabeza Maikel Moreno? Es claro que ese máximo tribunal rompió el hilo constitucional con sus sentencias 155 y 156 de marzo de 2017, que permitieron a Maduro legislar y bloquear a la Asamblea Nacional? ¿Qué sanciones pueden recibir estos magistrados nacional e internacionalmente?

-Primero hay que destacar que un grupo importante de esos “magistrados”, fueron designados en violación de la Constitución, luego, no son magistrados. Después es obvio, que el Tribunal Supremo de Justicia, no tiene legitimidad de desempeño, ha desconocido, con total y absoluto desparpajo, la competencias que la Constitución coloca en cabeza de la Asamblea Nacional, y con sus sentencias, ha ido de manera gradual, vaciándola de competencias, usurpándolas o legitimando su ejercicio por una estructura de dudosa legitimidad de origen e indudable ilegitimidad de desempeño, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente.-Nuestro Código Penal, describe conductas contra quienes conspiren para destruir la forma republicana que se ha dado Venezuela; ello compromete su responsabilidad penal, y basta evaluar algunos de sus pronunciamientos dictados en subordinación al Poder Ejecutivo, donde han violentado los derechos humanos a la libertad personal, tutela judicial efectiva y derecho a la defensa de personas perseguidas por razones de tipo político, para sostener que se han violado derechos humanos.

-Doctor González, por otro lado tenemos el TSJ en el exilio, que fue nombrado por la Asamblea Nacional. ¿Las sentencias que ha emanado, incluida la condenatoria contra Nicolás Maduro, serán de efectivo y rápido cumplimiento con el retorno a la democracia?

-El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio es una realidad política innegable, que ha permitido dar a conocer, entre otros eventos de importancia, la responsabilidad de altos funcionarios en hechos de corrupción. Ha permitido que la comunidad internacional tenga conocimiento de documentos y otras pruebas que demuestran que quienes de hecho ejercen el poder, han depredado el patrimonio de todos los venezolanos.
-Mientras el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Dos Pilitas ni se daban por enterados del caso Odebrecht, pudimos conocer la magnitud de la los casos de corrupción, y advertir el señalamiento que se hace de Nicolás Maduro como responsable de los mismos. Ellos tienen un importante rol que jugar en la reconstrucción de la República, y ya se debatirá, en los medios políticos, la autoridad de la sentencia dictada por los magistrados legítimamente designados por la Asamblea Nacional.

-Otro caso que tiene que ver con la correcta aplicación de la justicia parte de la Fiscalía General de la Nación. Ya se pronunciaron 30 exfiscales para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. ¿Como en el caso de los jueces, qué pasos hay que dar para devolver al Ministerio Público su autonomía y su fiel desempeño a las normas constitucionales?

-Todo el Poder Ciudadano carece de legitimidad de origen, ni el Fiscal General de la República, ni el Defensor del Pueblo, ni el Contralor General de la República, fueron designados como manda la Constitución.
-En torno la pregunta que me formula –precisa quien además es un curioso del Derecho Médico-, si bien es cierto que hay jueces que son responsables de violación de derechos humanos, la situación no es diferente en el Ministerio Público, e igualmente, una vez que se incorpore quien debe estar a cargo de la Fiscalía, deberá procurar igualmente, garantizar la carrera fiscal; convocar a concursos de credenciales y oposición, para la provisión de los cargos, garantizando así la idoneidad de tales funcionarios para el ejercicio de tan delicadas funciones. Sin descartar, a aquellos fiscales del Ministerio Público, egresados por razones políticas e incluso jubilados, que puedan coadyuvar en la reinstitucionalización del Ministerio Público y la formación de los nuevos fiscales.

Dr. Juan González Taguaruco, exjuez Penal y activista de Derechos Humanos de la ONG Justicia y Proceso Venezuela.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

-¿Considera usted que se impone una revisión a fondo de la Constitución de 1999 para blindarla, para dar mayor claridad en algunos de sus artículos, todo para evitar malas interpretaciones y eliminar al máximo la posibilidad de que lo que ha sucedido en Venezuela suceda otra vez?

-Yo vote no a la Constitución de 1999, por tanto considero que debe ser objeto de importantes reformas, pero creo, que no es prudente en este momento emprender un nuevo proceso tendiente a la reforma, enmienda o convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La devastación de la República no fue ejecutada en cumplimiento de la Constitución, sino en su desconocimiento y en el desconocimiento de toda regla que aconseja la razón y la moral.

-En este punto en que nos encontramos de esta grave crisis política, económica y social, ¿cómo vislumbra el horizonte de Venezuela?
¿Vamos bien y estamos cerca del cese de la Usurpación del poder como dicen Juan Guaidó y el resto de diputados de la AsambleaNacional democrática?

– Sí, estamos en una grave crisis política, económica, y la peor, una crisis social que impone un reto extraordinario a los venezolanos de bien; pero una vez que cese la usurpación y se emprendan las reformas que permitan el levantamiento de algunos controles; que el Estado asuma la responsabilidad de emprender las tareas que le son inherentes y se desprenda de aquellas que deban estar en manos del sector privado; se creen las condiciones que permitan la inversión y con el apoyo de la comunidad internacional, seguro que los cambios en todos esos sectores serán percibidos por los ciudadanos.
-Considero que hay una tarea importante en la que debe trabajar la dirigencia política, y es dar a conocer el Estado de destrucción de la infraestructura nacional, lo que incluye, desde la industria petrolera y las empresas básicas, hasta las escuelas y hospitales, que demandará ingentes recursos para su recuperación, por una parte y por la otra, que por esa razón, debemos convertirnos en una sociedad aún más laboriosa y proactiva, que no espere que el Estado le resuelva los problemas, sino que éste se limite a crear las condiciones para que cada uno de nosotros podamos resolverlos y crecer producto de nuestro esfuerzo, y no depender de las dadivas del Estado, y por tal virtud, del populista de turno. -Ahora bien –apunta-, los países libres de mayor influencia en el mundo, desconocen las elecciones del 20 de mayo de 2018, y como consecuencia de esa declaración, reconocen la legitimidad de Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.
-El lenguaje diplomático ha sido dejado de lado cuando se refieren a la violación de derechos humanos en Venezuela, al tráfico de drogas y la legitimación de capitales producto de la corrupción y a la corrupción misma; y eso, no es cualquier cosa.
-Sin duda alguna, ha sido un trabajo arduo que por fin, está dando frutos, realizado durante años por los demócratas venezolanos, y particularmente, por nuestros diputados a la Asamblea Nacional.

No hago activismo en política, soy un venezolano como muchos, que cree que vamos por el camino correcto, y que por ello, vamos bien, vamos muy bien- dice para concluir el abogado y activista de Derechos Humanos de la ONG Justicia y Proceso Venezuela.

El Dr. Juan González Taguaruco, especialista en Derecho Penal y Administrativo y exjuez Penal, dice que Venezuela es un país sin instituciones. “Lograr que los poderes públicos puedan cumplir con sus cometidos constitucionales comporta una profunda revisión de las normas que regulan su organización, competencias y funcionamiento”. Y añade que “la devastación de la
República no fue ejecutada en cumplimiento de la Constitución, sino en su desconocimiento y en el desconocimiento de toda regla que aconseja la razón y la moral”.

 

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